Resolución de la FIGO sobre la mutilación genital femenina

Acordado en el Congreso Mundial de la FIGO en Montreal en 1994.

 

La Asamblea General de FIGO,

CONSIDERANDO que la mutilación genital femenina (circuncisión femenina) es una práctica tradicional dañina que todavía prevalece en más de 30 países del mundo, incluidas áreas de África, Asia y Oriente Medio;

PREOCUPADO por los graves efectos adversos de esta práctica en el procedimiento físico y psicológico realizado en un niño que no puede dar su consentimiento informado;

RECONOCIENDO que la mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos, como un procedimiento perjudicial realizado en un niño que no puede dar su consentimiento informado;

RECORDANDO la Resolución WHA47.10 de la Asamblea Mundial de la Salud de 1994 que acoge con beneplácito las declaraciones de política al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las prácticas tradicionales de los gobiernos en países donde se practica la mutilación genital femenina;

 

1. INVITA a las Sociedades Miembro a:

(1) INSTA a sus gobiernos a ratificar la Convención sobre la eliminación de TODAS las formas de discriminación contra la mujer, si aún no lo han hecho, y a garantizar la aplicación de los artículos de la Convención, si la Convención ya ha sido ratificada.

(2) INSTA a sus gobiernos a tomar medidas legales y / o de otro tipo para hacer que esta práctica sea socialmente inaceptable para todos los sectores y grupos de la sociedad.

(3) COLABORAR con las autoridades nacionales, organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales para abogar, promover y apoyar medidas encaminadas a la eliminación de la mutilación genital femenina.

 

2. RECOMIENDA que los obstetras y ginecólogos:

(1) EXPLIQUE los peligros inmediatos y las consecuencias a largo plazo de la mutilación genital femenina a líderes religiosos, legisladores y tomadores de decisiones.

(2) EDUCAR a profesionales de la salud, trabajadores comunitarios y maestros sobre esta práctica tradicional dañina.

(3) APOYE a aquellos hombres y mujeres que desean terminar la práctica en sus familias o comunidades.

(4) AYUDAR en la investigación para la documentación de la prevalencia de la práctica y sus consecuencias nocivas.

(5) OPONERSE a cualquier intento de medicalizar el procedimiento o permitir su realización, bajo ninguna circunstancia, en establecimientos de salud o por profesionales de la salud.