20 años de Maputo: Resolución intacta – promover y proteger los derechos de las mujeres y niñas en África

Al conmemorar el 20.º aniversario de la adopción del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos con relación a los Derechos de las Mujeres en África (el Protocolo de Maputo), quienes suscribimos expresamos nuestro reconocimiento a los logros en la promoción de los derechos de mujeres y niñas en el continente. Este instrumento jurídico ha establecido un marco integral que establece las normas que deben seguir los Estados para promover y proteger los derechos de las mujeres.

Esperábamos poder celebrar la ratificación universal del Protocolo de Maputo en esta fecha histórica, pero aún no hemos alcanzado esta meta. La ratificación por parte de Sudán del Sur en junio de 2023 es loable y nos da esperanza de poder alcanzar este ambicioso objetivo. Actualmente, contamos con un total de 44 de 55 ratificaciones. Instamos a los 11 Estados Miembros que aún no lo han ratificado (Burundi, Botsuana, República Centroafricana, Chad, Egipto, Eritrea, Marruecos, Madagascar, Níger, Somalia y Sudán) a cumplir con su compromiso de defender los derechos de las mujeres en sus respectivos países ratificando y tomando todas las medidas necesarias para adoptar y aplicar el Protocolo.

Los avances en virtud del Protocolo de Maputo

En los últimos 20 años, el Protocolo de Maputo ha tenido una función clave en la promoción de los derechos de las mujeres y en facilitar el acceso a la justicia en casos de violaciones y abusos de derechos humanos. Con base en el Protocolo, los tribunales de Kenia y Uganda han dictado fallos históricos que establecen la prohibición de la mutilación genital femenina (MGF). La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Comisión Africana) responsabilizaron a los garantes de derechos por no haber investigado y llevado a juicio los casos de violencia sexual y de género contra mujeres durante las violentas manifestaciones en Egipto. En un fallo ejemplar de mayo de 2018, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sostuvo que Mali infringía varios artículos del Protocolo referentes a la edad mínima para contraer matrimonio, la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, el derecho a dar consentimiento para contraer matrimonio, el derecho a la herencia para mujeres y para niñas y niños nacidos fuera del matrimonio, así como la eliminación de prácticas tradicionales y culturales dañinas.

A partir de los compromisos establecidos en el Protocolo, 38 de 55 Estados africanos han promulgado leyes y políticas que protegen los derechos de las adolescentes a recibir educación durante el embarazo y la maternidad. En 2019 y 2022 respectivamente, Níger y Togo derogaron políticas que prohibían a estudiantes embarazadas y madres jóvenes asistir a clase. Un fallo de la Corte de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) confirmó el derecho a la educación de las jóvenes embarazadas en Sierra Leona, mientras que el artículo 6 del Protocolo se ha utilizado para impugnar el matrimonio forzado y el matrimonio infantil en todo el continente.

Necesidad continua de esfuerzos ininterrumpidos para abordar diferentes formas de violencia de género

Estos ejemplos exitosos también nos recuerdan el largo camino que tenemos por delante para desarrollar naciones cohesivas e inclusivas que respeten los derechos de las mujeres. Las mujeres siguen enfrentando grandes desafíos, como la desigualdad económica, la falta de acceso a la tierra y recursos financieros, diversas formas de violencia de género y obstáculos para acceder a la educación y a la atención de la salud integral, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva. Los conflictos armados siguen arrasando con el tejido social de las comunidades y tienen un efecto especialmente alarmante en las mujeres y las niñas que siguen siendo objeto desproporcionado de actos de violencia sexual y de género, como en el caso de los conflictos en el norte de Etiopía y en Sudán. La explotación sexual, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual percibida o real, la identidad y la expresión de género o las características sexuales siguen siendo, lamentablemente, la realidad que aún soportan muchas mujeres y niñas.

Los Estados deben promulgar y aplicar estrategias integrales, como reformas jurídicas y mecanismos de rendición de cuentas, campañas de concienciación, educación sexual integral, para que los proveedores de atención de la salud respondan a las necesidades de las personas sobrevivientes de violencia de género. Instamos a los Estados Miembros a adoptar en forma urgente medidas que prioricen las necesidades y promuevan la agencia de las personas sobrevivientes de violencia sexual. Los enfoques centrados en las víctimas son fundamentales para romper el ciclo de silencio y estigma en torno a la violencia sexual y para fomentar la sanación, justicia y el empoderamiento a largo plazo de las personas sobrevivientes.

La igualdad de género requiere políticas económicas transformadoras e inversión

A pesar de los notables avances en materia de derechos de las mujeres durante las últimas dos décadas, el ejercicio de los derechos económicos de la mujer sigue siendo una lucha constante en África. La desigualdad salarial sigue siendo un desafío predominante. En África subsahariana, la brecha salarial de género es de un 30 % y solo el 3,9 % de las mujeres cuenta con medidas de protección social. Muchas mujeres tienen acceso limitado al crédito y a los recursos financieros y enfrentan obstáculos sistémicos a los emprendimientos (como la criminalización del sector informal) y al acceso a puestos de liderazgo. Además, las mujeres soportan de modo desproporcionado la carga del trabajo de cuidados no remunerado, lo cual dificulta su capacidad de tener una plena participación en la economía formal. Para lograr la verdadera igualdad de género, los gobiernos deben tomar medidas concretas para eliminar las prácticas discriminatorias e invertir en entornos que faciliten el empoderamiento económico de las mujeres. Esto incluye implementar políticas que promuevan la igualdad salarial, brindar acceso asequible al cuidado de niños, garantizar los derechos de las mujeres a la tierra y las propiedades, y promover entornos comerciales inclusivos que acepten emprendimientos formales e informales de mujeres.

20 años del Protocolo de Maputo: Los Estados deben eliminar sus reservas e implementar el Protocolo para que las poblaciones se beneficien plenamente

La resistencia y las reservas de los Estados a disposiciones claves del Protocolo de Maputo sobre derechos reproductivos y de la salud (Artículo 14) y sobre el matrimonio (Artículo 6) tienen un efecto negativo en los derechos de las mujeres y las niñas a su autonomía física y obstaculizan la plena adopción del Protocolo. En su Observación General N.º 2, sobre el Artículo 14.1 (a), (b), (c) y (f) y el Artículo 14.2 (a) y (c), la Comisión Africana reafirmó los derechos de las mujeres a tener control sobre asuntos relacionados con su sexualidad, como la salud sexual y reproductiva, y a no ser objeto de coerción, discriminación ni violencia. Ruanda y Gambia han dado ejemplos positivos eliminando reservas sobre el Protocolo. Instamos a todos los Estados a seguir este ejemplo y garantizar que todas las personas puedan gozar de justicia y derechos sexuales y reproductivos.

En este 20º aniversario, reafirmamos nuestra resolución inquebrantable de trabajar con los Estados y la sociedad civil para promover y proteger la justicia de género en África. A través de acciones colectivas, compasíón y determinación, garantizaremos que la promesa de la igualdad de género sea una realidad que puedan vivenciar todas las mujeres y niñas en este continente.

Reiteramos nuestro pedido a:

• Botswana, Burundi, República Centroafricana, Chad, Egipto, Eritrea, Madagascar, Marruecos Níger, Somalia y Sudán para ratificar y domesticar urgentemente el Protocolo de Maputo.
• Camerún, Etiopía, Kenia, Mauricio, Namibia, Sudáfrica y Uganda para eliminar sus reservas al Protocolo de Maputo y permitir que sus poblaciones disfruten de todos sus beneficios.
• Todos los estados miembros a:
  • Invertir y priorizar las necesidades de los sobrevivientes y, en particular, de los sobrevivientes de violencia sexual;
  • Implementar políticas que promuevan la igualdad de remuneración, el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles, los derechos de propiedad y la tierra de las mujeres, y entornos comerciales inclusivos para el emprendimiento formal e informal de las mujeres;
  • Implementar políticas que refuercen el derecho de las mujeres a controlar los asuntos relacionados con su sexualidad y asegurar que todas disfruten de los derechos sexuales y reproductivos.